La agenda judicial de Donald Trump sigue repleta. Este martes empieza en Nueva York el juicio por una demanda civil presentada por la famosa columnista Elizabeth Jean Carroll por una supuesta violación sufrida en la década de 1990. A la vez, se ha puesto en marcha una nueva cuenta atrás para el expresidente. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, que investiga si interfirió ilegalmente en las elecciones de 2020 en Georgia, ha señalado este lunes que tiene previsto anunciar en los próximos meses si presenta cargos.

Willis ha escrito una carta al jefe de policía del condado, Pat Labat, en la que le comunica que tiene previsto anunciar la decisión en el periodo que va del 11 de julio al 1 de septiembre. “En un futuro próximo, anunciaré las decisiones de imputación resultantes de la investigación que mi oficina ha estado llevando a cabo sobre la posible interferencia criminal en la administración de las elecciones generales de Georgia de 2020″, dice su misiva, desvelada por The Atlanta Journal-Constitution.

La fiscal asegura que envía la carta para avisar al jefe de policía “sobre la necesidad de reforzar la seguridad y los preparativos en los próximos meses debido a este anuncio pendiente”, que, según indica, “puede provocar una reacción pública significativa”, incluidos potenciales “actos de violencia que pongan en peligro la seguridad” de la comunidad. “Como dirigentes, nos corresponde prepararnos”, añade.

Aunque la carta no anticipa cuál será la decisión de la fiscal, su tono tiene ecos de la primera imputación de Donald Trump en relación con los pagos para ocultar escándalos durante la campaña de 2016, entre otros a la actriz porno Stormy Daniels. El despliegue policial y de seguridad fue necesario para que Trump compareciese ante el tribunal a escuchar los cargos que se presentaban contra él, un hito en la historia de Estados Unidos.

Los abogados de Trump han señalado en un comunicado recogido por la agencia AP que la carta “no hace más que establecer un calendario potencial” para las decisiones que Willis ya había dicho que iban a llegar. El equipo legal del expresidente presentó el mes pasado una moción que busca desechar un informe redactado por el gran jurado que se impuso para ayudar a la investigación de Willis. También pidió al tribunal que prohibiera a la fiscal seguir investigando o procesar a Trump. Un juez ha dado a Willis hasta el 1 de mayo para responder.

Presidente imputado

Trump se convirtió a finales de marzo y principios de abril en el primer presidente (sea en ejercicio o tras dejar su cargo) imputado por la comisión de un presunto delito. En los próximos meses, puede repetir, ya sea por la investigación de la fiscal de Atlanta o por la del fiscal especial que lleva el caso de los documentos secretos y el de su papel para subvertir el resultado electoral, incluido el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Los fiscales del Departamento de Justicia han interrogado a numerosos cargos del Gobierno de Trump ante el gran jurado, pero no está claro cuándo podrían concluir esas investigaciones ni si Trump será acusado.

Por su parte, la fiscal de Atlanta investiga también a otros aliados de Trump por su posible interferencia en las elecciones de 2020. Ha ido presentando pruebas a un gran jurado que será el que en última instancia tenga que pronunciarse sobre la imputación. Puede presentar cargos contra todos o parte de los investigados.

Contra Trump hay una prueba muy evidente de que quiso interferir en los resultados, pero la fiscal y el gran jurado tendrán que valorar si encaja en un tipo delictivo para imputarle. El entonces presidente llamó el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia y máxima autoridad electoral estatal, el republicano Brad Raffensperger, para subvertir el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, en las que Joe Biden ganó en ese Estado. “Necesito encontrar 11.780 votos”, dijo Trump en aquella conversación, de una hora, revelada por The Washington Post. Eso era equivalente a un voto más que la ventaja que le había sacado Biden.

Una ley de Georgia establece que es un delito “solicitar, ordenar, importunar o intentar de otro modo que otra persona cometa un fraude electoral”. Trump amenazaba a Raffensperger, diciéndole que podía estar cometiendo un delito si no atendía a sus deseos. “La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada”, decía Trump en la llamada. “Y no hay nada malo en admitir, ya me entiendes, que has vuelto a contar y que estabas equivocado”. A lo que Raffensperger respondió: “Bueno, señor presidente, el problema es que los datos que usted maneja son incorrectos”.

La fiscal abrió la investigación a principios de 2021, poco después de que se diera a conocer la llamada. A principios de 2022 solicitó la convocatoria de un gran jurado para que estudiase el caso.