Un proyecto de ley de salud mental liderado por los republicanos en Georgia está siendo criticado por los conservadores que argumentan que la medida podría ampliar el control gubernamental, poner la salud mental de los niños en manos del Estado y alinear los diagnósticos de salud mental con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A los críticos también les preocupa que el proyecto de ley pueda mantener a los pedófilos fuera de la cárcel, permitir a los agentes de policía detener a las personas que sospechan que tienen problemas de salud mental, e incluso amenazar los derechos de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La ley HB 1013, denominada Ley de Paridad de Salud Mental, fue presentada por el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Georgia, David Ralston, y obtuvo un amplio apoyo bipartidista en la Cámara, donde fue aprobada por un margen abrumador a principios de este mes.

Sin embargo, el proyecto de ley ha suscitado un mayor escrutinio en el Senado, con opositores que argumentan que la propuesta es demasiado amplia.

«Aunque los georgianos necesitan y merecen mejores servicios de salud mental, esta atrocidad de 77 páginas aumenta drásticamente los precios al consumidor, centraliza la atención de la salud mental e invita a la despierta Organización Mundial de la Salud a entrar en las vidas de los georgianos que necesitan servicios de salud mental», dijo Jeanne Seaver, una candidata a vicegobernadora del estado este año.

Los defensores del proyecto de ley han rechazado las críticas, afirmando que la propuesta aplicaría una ley federal de «paridad» y argumentando que el proyecto es necesario para apoyar la salud mental de los residentes de Georgia.

La representante estatal demócrata Mary Margaret Oliver, una de las principales promotoras del proyecto de ley, dijo: «Hay algunas cosas que se dicen sobre el proyecto de ley que simplemente no son exactas, rozando el ridículo».

Diseñada para exigir a las compañías de seguros que traten la atención sanitaria mental igual que la física, la larga propuesta legislativa «establecería subvenciones estatales para el tratamiento ambulatorio, flexibilizaría las directrices sobre cuándo las fuerzas del orden pueden internar involuntariamente a alguien que necesite ayuda y tomaría otras medidas para mejorar la atención», informó The Atlanta Journal-Constitution.

El proyecto de ley HB 1013 también «prevé iniciativas y un grupo de trabajo para ayudar a las comunidades locales a mantener a las personas con enfermedades mentales graves fuera de las cárceles y centros de detención del condado y municipales», una disposición que, según los críticos, podría llevar a criminales peligrosos diagnosticados con trastornos mentales, incluidos los pedófilos, a los hospitales o a las calles.

Según el proyecto de ley, por «trastorno de salud mental o por consumo de sustancias» se entiende cualquier «trastorno de salud mental o por consumo de sustancias incluido en cualquiera de las categorías de diagnóstico enumeradas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiatría o en la Clasificación Internacional de Enfermedades [CIE] de la Organización Mundial de la Salud».

Tanto el DSM-5 como la CIE clasifican la pedofilia como un trastorno de salud mental.

Los críticos también han expresado su preocupación por el hecho de que la ley HB 1013, que se aplicaría a «bebés, niños, adolescentes y adultos», podría externalizar la atención de la salud mental de las familias a los «expertos».

«Es una toma de posesión de nuestra salud mental por parte del gobierno», dijo Rhonda Thomas, presidenta de Truth in Education, durante una audiencia del Comité del Senado para el proyecto de ley el 14 de marzo.

«Esto está creando el marco de Whole Child Whole Community que se ha estado trabajando durante mucho tiempo», dijo Thomas. «Se puede encontrar en el CDC, en el DOE, en el sitio web de cada DOE, incluso a nivel mundial. Se puede encontrar en China. Así que se trata de una agenda global. Pero estamos realmente preocupados por Georgia».

«Este proyecto de ley se alinea con el Whole Child Whole Community porque se trata de sacar a la familia y traer a todas las organizaciones posibles para rodear a ese niño para satisfacer todas sus necesidades. Sus necesidades psicológicas, sus necesidades de salud, sus necesidades nutricionales, cualquier necesidad que sea. ¿Quién especifica cuáles son esas necesidades? Tenemos que decidir quién tiene el control de nuestros niños».

Por el contrario, el doctor Ayo Afejuku, fundador de la Fundación Rosa Negra y promotor del proyecto de ley, sugirió que los senadores añadieran una disposición que ampliara los exámenes universales de salud mental para que comiencen al nacer todos los niños, no sólo los que presentan problemas de comportamiento, en consonancia con la Academia Americana de Pediatría (AAP).

Otra disposición del proyecto de ley que ha causado preocupación es la que se refiere a los «exámenes de emergencia» para las personas que se determinan como enfermos mentales.

En virtud de la ley HB 1013, los agentes de la ley y otras personas pueden detener involuntariamente a personas para un «examen de emergencia» si creen que sufren problemas de salud mental, incluso si no han cometido un delito.

«El agente de policía no debería tener que hacer esa determinación subjetiva», dijo Huff Croxton, un abogado de Georgia. «Si se está cometiendo un delito, bien. Pero no debe decir simplemente: “Oye, creo que estás loco. Te voy a arrestar”. La locura de una persona es la teoría de la conspiración de otra. Es un criterio demasiado amplio».

El proyecto de ley también establecería una base de datos para orientar los servicios a los considerados enfermos mentales, una disposición que, según el Jackson Progress-Argus, «suscitó la preocupación» de quienes argumentan que los registros «podrían invadir la privacidad de los pacientes y someterlos al estigma asociado a la enfermedad mental».

Los opositores a la ley HB 1013 también temen que el proyecto de ley pueda incluir las cirugías y los tratamientos para transexuales bajo el paraguas de la salud mental, obligando a los contribuyentes a cubrir los costes de las cirugías de mutilación. Sin embargo, aunque la ACLU ha defendido en el pasado que dichas cirugías estén cubiertas por el Medicaid de Georgia, el texto de la ley de salud mental de Georgia no nombra los tratamientos quirúrgicos u hormonales relacionados con el género en sus disposiciones.

Jeff Breedlove, jefe de comunicaciones y políticas del Consejo de Abuso de Sustancias de Georgia, instó a los senadores del estado a eliminar algunas de las controvertidas disposiciones del proyecto de ley, incluidas las referencias a la OMS, pero a comprometerse, no obstante, a aprobar la esencia de la ley.

«Hay muchas emociones en torno a este proyecto de ley. Es un proyecto de ley transformador. Es un voto de legado. Este proyecto de ley salvará vidas. ¿Es un proyecto de ley perfecto? En absoluto. ¿Es este proceso el que debería ser? Por supuesto. Así que esos abucheos y vítores son la democracia en acción.